El 20 de mayo de 2020, un padre de familia de Chiapas recibió una llamada amenazante a su celular, en la que un hombre le advertía: “Secuestré a tu hijo y lo voy a matar si no me das dinero”.
Casi en el mismo momento, un joven enfermero que se hospedaba en el hotel “Ambos Mundos”, de la colonia Escandón, de la Ciudad de México, atendió una llamada en la que un desconocido, que dijo pertenecer al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Le aseguró que tenía capturado a su padre y que sólo lo dejaría vivo a cambio de determinada cantidad que pagaría como rescate.
La pinza estaba cerrada. La banda de extorsionadores que había realizado las llamadas, que después se detectaron fueron efectuadas desde el penal de Altamira, Tamaulipas, logró su objetivo por partida doble.
Sin embargo, el problema no paró ahí, pues casi de manera simultánea un hombre vestido de militar, armado, entró a una habitación de ese hotel en donde se encontraban 14 enfermeras y enfermeros, que recién habían llegado de Monterrey, Nuevo León, para atender, de manera altruista en la capital del país, a pacientes de COVID19.
El supuesto militar los amenazó con asesinarlos si no lo obedecían. Al lugar llegaron otros delincuentes, también vestidos de soldados, que también dijeron pertenecer al CJNG. Indicaron que francotiradores vigilaban el inmueble y que los asesinarían a todos en caso de que hicieran alguna acción por liberarse. Todo un día estuvieron con los enfermeros, sometidos mediante el pánico, en el hotel “Ambos Mundos”.
Al día siguiente, dividieron a los enfermeros y un grupo de ellos fue llevado al hotel “Bonn”, cercano al primer edificio. Por la manera tan abierta en la que los delincuentes realizaron la maniobra, se considera que en todo momento contaron con la complicidad de personal de los dos hoteles, quienes habrían avisado sobre la llegada de un grupo de enfermeros.
Los “militares” dejaron a los jóvenes en los cuartos de hotel y se marcharon, pero les advirtieron que no podrían abandonar los edificios, porque los tenían vigilados con cámaras.
En menos de 48 horas, los delincuentes lograron extorsionar a los familiares de la mayor parte de los enfermeros que realmente sufrieron un secuestro virtual y no real, ya que fueron obligados con amenazas a mantenerse en dos habitaciones. Se había concretado otra de las casi 8 mil extorsiones telefónicas que se registraron en México en 2020.
Tan escandaloso fue el caso que movilizó a la policía capitalina de la Ciudad de México y fue una de las causas que aceleró la propuesta del partido Morena para que se presentara en la Cámara de Senadores una iniciativa, aprobada en esta semana, para crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Con esa medida, todos los usuarios de teléfonos celulares deberán proporcionar a las empresas del sector y a las autoridades federales, además de su nombre y domicilio, datos biométricos, como rostro, huellas digitales y registro de voz si es que quieren contar con ese servicio.
En la minuta, aprobada por la Cámara de Senadores, se establece que es una medida para abatir los delitos cometidos por bandas delincuenciales desde diversos penales del país, como fue el caso de los enfermeros.
Sin embargo, la duda ha aparecido y los críticos de la medida, especialmente especialistas en telecomunicaciones y los partidos de oposición, advierten que, sin duda, esta acción no frenará las extorsiones y otros delitos cometidos por medio de llamadas de teléfonos móviles.
Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), considera que no se frenarán las extorsiones con el registro de telefonía celular y se corre el gran riesgo de que los datos de los propietarios de aparatos circulen en el mercado negro de bases de datos, con el riesgo que esto implica para la seguridad de los usuarios.
Por otra parte, los delincuentes obviamente no usarán sus teléfonos registrados para delinquir, sino que recurrirán a aparatos clonados y robarán celulares para cometer sus fechorías.
Actualmente, el celular representa el artículo que más se roba en atracos a transeúntes en todo el país, pero de manera especial en la Ciudad de México y se espera que, por esta medida aprobada por el Senado, repunte este tipo de ilícito, no sólo por hampones dedicados a la extorsión, sino por delincuentes que los sustraigan para venderlos posteriormente a extorsionadores.
¿No es mucho más fácil que las autoridades, finalmente bloqueen de manera efectiva las llamadas de delincuente desde las cárceles o que incluso confisquen los aparatos existentes? ¿Será que no lo hacen porque participan protegiendo este tipo de ilícito?
¿O será verdadero el temor de la oposición, en el sentido de que el Gobierno Federal morenista dé los pasos iniciales para montar un sistema de localización de enemigos y críticos a su administración, con la finalidad de tener mecanismos de coacción?
Es decir, su finalidad sería armar un gran Big Brother telefónico con la careta de tener una herramienta para combatir a la delincuencia, cuando en realidad instrumentará un mecanismo de control y de espionaje político.
En 2008, durante la administración de Felipe Calderón, se implementó el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (Renaud) y desapareció en 2011, después de que sus sistemas de seguridad fueron vulnerados y se descubrió que las bases de datos fueron vendidas en el mercado negro.
Ahora, este nuevo gobierno, el de la 4T, vuelve a repetir este yerro. El senador morenista Ricardo Monreal, presidente de la Cámara Alta que en 2008 se había opuesto con energía a ese registro, ahora lo promovió. Cambian los tiempos y los intereses políticos, sin duda.
México se suma a los 17 países de “avanzada”, en donde se aplica un registro similar, como Arabia Saudita, Afganistán, Venezuela, Emiratos Árabes y Tayikistán.
Los delitos cometidos por medio de celulares continuarán, sin duda, pero al mecanismo de control de datos que se construirá a partir de esta medida y de otras adicionales, como el uso de equipos de software sofisticados para el espionaje, continuarán, porque a ese Big Brother político no lo para nadie.
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